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Entrevista a María José Segarra Crespo, fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores

Al frente de la nueva Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores desde finales de noviembre de 2020, un área especializada de reciente creación que la pandemia ha revalorizado, en esta entrevista abordamos con María José Segarra Crespo el resultado de las primeras diligencias abiertas sobre la incidencia del COVID en las residencias, las lecciones que deberíamos aprender tras la pandemia y el modelo de residencia al que deberíamos aspirar.

“Hemos visto riesgos de conculcación en los derechos de personas vulnerables durante la pandemia y por eso hemos abierto diligencias”

Al frente de la nueva Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores desde finales de noviembre de 2020, un área especializada de reciente creación que la pandemia ha revalorizado, en esta entrevista abordamos con María José Segarra Crespo el resultado de las primeras diligencias abiertas sobre la incidencia del COVID en las residencias, las lecciones que deberíamos aprender tras la pandemia y el modelo de residencia al que deberíamos aspirar.

Por Julio Fernández

¿Cómo ha vivido la pandemia la sala de la fiscalía que usted coordina?

Lo cierto es que la fecha de mi nombramiento (noviembre de 2020) ha determinado que desde el primer momento la pandemia haya alterado una programación ordinaria de trabajo, más teórica y doctrinal, para pasar a ir marcada por un seguimiento puntual de la situación de pandemia a partir de las incidencias que reportan los compañeros de las distintas fiscalías territoriales, en sus funciones tuitivas.

Fruto de ese seguimiento, el pasado 21 de enero usted presentó ante los medios de comunicación, acompañada de la fiscal general del Estado, los principales datos sobre la incidencia del COVID en las residencias con la apertura. Como resultado el ministerio fiscal ha abierto 785 diligencias preprocesales civiles y 441 diligencias penales [datos a 18 de enero]. ¿Cuáles han sido las principales causas?

En primer lugar, una aclaración: aunque ofrecí los datos sobre las diligencias de investigación penal debido al interés público que suscitan, las acciones que se coordinan desde esta nueva Unidad pertenecen al área civil, es decir, todas aquellas diligencias preprocesales abiertas para tutelar los derechos de las personas con discapacidad y mayores en las residencias. Para mí son unas actuaciones muy importantes, porque tienen que ver con los obstáculos que impedían esa plenitud de derechos en cada uno de los casos que se ha abierto. Los motivos en este ámbito preprocesal son de lo más variado: desde la falta de atención sanitaria, denegación de ingresos hospitalarios, elevado número de fallecimientos… Se trataba de hacer seguimiento de lo que estaba sucediendo en las residencias y qué necesidades tenían, asumiendo cierta coordinación e impulso a las autoridades administrativas responsables.

¿Cree que se han podido vulnerar derechos fundamentales durante la pandemia con las personas con discapacidad y personas mayores?

Nuestra función es velar por los derechos de las personas y por eso hemos incoado 785 diligencias preprocesales (dato a 18 de enero). En la Memoria de este año se verán los incrementos en el volumen de diligencias: las hemos abierto porque veíamos afectados los derechos de las personas.

Estamos viviendo una situación excepcional y muy compleja. Dicho esto, creo que en todos los niveles (sanitario, social, económico…) hemos respondido con improvisación y eso ha determinado que efectivamente se haya incrementado la vulnerabilidad de las personas que viven en residencias. Las estadísticas de contagios y mortalidad han sido muy altas en personas de más de 65 años, por haber estado muy expuestas debido a la   evolución de esta enfermedad, pero más todavía debido a la configuración de la vida en los centros sociosanitarios y residenciales.

¿Qué lecciones deberíamos aprender de la gestión de las residencias en tiempos de pandemia para mejorar el sistema?

Son muchas reflexiones a abordar. Hemos visto que sería necesario una coordinación mucho más fuerte de los recursos sanitarios públicos con las residencias, tanto públicas como privadas, también que debería reevaluarse la ratio del personal de atención, así como su formación y estabilidad laboral, y fundamentalmente reforzar los servicios de inspección de las administraciones. Son quienes deben vigilar si el tratamiento de las personas es el adecuado o no, algo necesario para tutelar sus derechos, sobre todo cuando por su edad o deterioro mental no tienen capacidad para expresar o denunciar la situación de vulneración de derechos que pueda estar viviendo. Y, sobre todo, creo que es importante reflexionar y replantearse el modelo de las residencias.

¿A qué modelo de residencias deberíamos aspirar?

Yo diría que no hay un único modelo, es casi un traje para cada uno. Fíjate lo distinto que somos todas las personas, pues de alguna forma ese modelo amplio tiene que recoger esa pluralidad. Habrá personas que conserven sus aptitudes físicas y psíquicas muy bien y, en ese caso, debemos potenciar que se mantengan en sus hogares todo lo que se pueda. Ahí tenemos que mejorar con la teleasistencia y estímulos, sobre todo en la generación que está hoy entorno a los 60, más preparada, en la que la brecha digital no va a ser tan grande.

También tenemos que buscar espacios para que la gente pueda diseñar como quieren vivir cuando sean más mayores, desde implementar que se queden en casa a que, cuando necesiten apoyos, los tengan pero sin necesidad de compartir una habitación, algo que se ha revelado absolutamente imprescindible: hay residencias donde las habitaciones no son solo dobles sino cuádruples. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre un planteamiento arquitectónico de las residencias para contemplar estas distintas realidades. Se tendrán que diseñar muy distintos tipos de residencia, pero es importante que haya unos parámetros mínimos bajo regulación uniforme en los que se exija una mayor ratio de trabajadores, una mayor especialización, que no haya rotación de trabajadores porque para la persona es muy importante seguir teniendo una misma referencia, entre otros aspectos. Debemos darle muchas vueltas. Como digo no hay modelo ideal, son muchos modelos ideales, a lo mejor tantos como cada persona.

El debate sobre las residencias se viene estableciendo en términos de lo público frente a lo privado o viceversa. Más allá del discurso político, y a tenor de sus investigaciones, ¿existe una forma distinta de gestionar una residencia según sea de titularidad pública o privada?  

Yo estoy convencida que en esta situación ha habido personas, directores y directoras de residencias, y trabajadores y trabajadoras de residencias que lo han dado todo. Como siempre, los problemas vienen por las actitudes de las personas y no por las estructuras. Estoy convencida que, en este caso, el buen o mal funcionamiento de una residencia no depende del carácter público o privada de la misma.

En ese sentido, ¿qué puede hacer la Sala que usted dirige para ser motor de ese cambio?

Nosotros lo que queremos es ponernos a disposición de las autoridades que tienen las responsabilidades del diseño del modelo de residencias y también de su control. Creo que los fiscales en toda España, los que están trabajando en primera línea, realizando las visitas a las residencias y atendiendo a las personas con discapacidad, tienen una experiencia que ponemos a disposición de los ministerios competentes para brindar esa experiencia y sugerencias.

EN CLAVE PERSONAL

¿Por qué nace esta nueva Sala especializada en personas y mayores y discapacitadas?

En todas las fiscalías existían, desde hace 20 y 30 años, secciones y fiscales dedicados expresamente al tema de la discapacidad, lo que faltaba era completar la estructura y permitir su visibilización. Como sabes, en el ministerio fiscal la estructura jerárquica es muy importante porque asegura el principio de unidad de actuación y es una garantía del principio de igualdad ante la ley. Era muy importante dar este paso y cerrar nuestro sistema como una especialidad más. Los fiscales que somos civilistas echamos de menos que se nos trate (y se nos dote) al mismo nivel de especialidades penales.

Por otro lado, somos una sociedad cada vez más longeva y lo importante es que como sociedad pensemos en proteger y darles su lugar a nuestros mayores. La creación de la fiscalía de sala para la protección de personas mayores y con discapacidad no hace sino recoger ese mensaje de la sociedad, un mensaje tutelar hacia nuestro futuro, cuando no tengamos la capacidad para decidir.

¿Cuánto recorrido queda para lograr una accesibilidad plena?

Estamos en una fase especial o históricamente importante porque disponemos de herramientas. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad data del año 2006 y España la suscribió un año después. Casi trece años después todavía seguimos estando sin que haya permeado en todos nosotros esos principios. Es muy posible que los operadores jurídicos conozcamos el artículo 12 de la Convención, pero realmente nos tenemos que plantear si la accesibilidad es una realidad, y no me estoy refiriendo a lo más visible o fácil, a las barreras físicas para acceder a un edificio judicial, sino en general en dejar de considerar a la persona como un objeto del proceso para que sea un sujeto y, por tanto, con todos sus derechos incólumes. El hecho de que tengamos ya en tramitación parlamentaria una modificación del Código Civil todo eso va a suponer un esfuerzo muy importante para que todos los operadores jurídicos nos impregnemos de ese cambio de óptica. Nos falta mucho en información, en capacitación y en asumir los principios de la Convención.

Usted ha sido Fiscal General del Estado durante el procedimiento abierto contra el procés catalán, ha sido fiscal en Sevilla, donde tiene plaza, y ahora ha vuelto a Madrid como fiscal de Sala de Protección de Personas con discapacidad y Personas Mayores. ¿Qué le ha aportado o aporta cada una de esas responsabilidades?

Las responsabilidades de fiscal jefe de Sevilla y fiscal general son estratégicas u organizativas y me han dado una visión de la carrera fiscal muy amplia que han subrayado mi confianza en el equipo de los 2.500 profesionales que hay en toda España implicados en la defensa del principio de legalidad. Para mí, este es el mejor bagaje que podría tener personalmente y el que mejor podría brindar a la sociedad para transmitirles confianza en funcionarios públicos que no tienen más interés que cumplir la legalidad y hacer reales el principio de igualdad ante la ley.

DE UN VISTAZO (CIFRAS Y LETRAS)

Diligencias preprocesales (DPP) civiles tramitadas por las Fiscalías a 18/01/2021

DPP incoadas DPP en trámite DPP archivadas
TOTALES 785 491 294

Motivos de apertura de las diligencias preprocesales

Seguimiento residencias 499 63,48%
Falta de atención sanitaria 15 1,9%
Denegación ingreso hospitalario/traslados 5 0,63%
Falta medios materiales (PCR…) 6 0,76%
Elevado volumen de fallecimientos 69 8,77%
Reclamación visitas/salidas/información 3 0,38%
Desamparo persona mayor en domicilio 1 0,12%
Negativa vacunación familiares 3 0,38%
Varios 228 29%

Diligencias de investigación penal (DIP) actualizadas a 18/01/2021

Incoadas En trámite Archivadas * Denuncias interpuestas
TOTALES 441 212 229 27

* De las diligencias archivadas, el 67,72% lo ha sido por entender que los hechos no revestían caracteres de delito. Las denuncias archivadas por este motivo constituyen el 35,14% del total.

Motivos sobre las denuncias recibidas en las Fiscalías a 18/1/2021

Deficiencias atención médica 21 4.76%
Homicidios por imprudencia y omisión del deber de socorro 189 42,85%
Rechazo traslado a UCIs/Hospitalización 1 0,22%
Abandono de familia 4 0,9%
Delitos contra la salud de los trabajadores 11 2,49%
Lesiones 6 1,36%
Prevaricación y homicidio imprudente 2 0,45%
Trato degradante/malos tratos 5 1,13%
Denuncias generales situación residencia o residencias 163 36,96%
Varios 39 8,84%

Fuente: Ministerio Fiscal

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