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Repensar el sistema de apoyo a las personas mayores, una necesidad urgente

En el último año y medio las personas mayores han ocupado muchos titulares en nuestro país. Y debemos añadir que “lamentablemente”, porque ha sido por una pandemia sanitaria mundial, que ha incidido principalmente en las personas mayores en general y a aquellas que viven en entornos residenciales en particular y de manera trágica, con cifras de personas fallecidas que nunca deberían haberse producido.

Por Elvira Cabezas Álvarez de Estrada.

La esperanza de vida ha aumentado, vivimos más años, pero debemos analizar cómo son esos años, qué calidad de vida tenemos. Si entramos a formar parte de ese porcentaje cada vez más elevado de personas dependientes o, por el contrario, llegamos a edad avanzada en plenas facultades, sin la necesidad de apoyos familiares o socio sanitarios diarios.

Hay un sector de la población mayor de 65 años que está en plenas facultades, que forma parte activa de la sociedad, que tienen una vida plena.

Pero hay  personas mayores de 65 años que forman parte de ese grupo de personas dependientes, es decir, de aquellas que necesitan de otras para realizar las tareas cotidianas de la vida. Según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en España hay 1.174.151 personas beneficiarias de este sistema, más del 30% son personas de entre 65 y 79 años y casi el 54% del total tienen 80 años o más.

La pandemia ha demostrado que la atención a las personas mayores dependientes en España no es la adecuada: una atención deficitaria en servicios y en recursos, asistencialista, que institucionaliza a las personas, donde prima la atención en entornos residenciales frente a los apoyos en la vivienda para respetar lo máximo posible que las personas sigan viviendo en sus casas, en su entorno, sin renunciar a ello si así lo desean.

La atención a las personas mayores en situación de dependencia, a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es algo a lo que todos, con suerte, llegaremos, tiene un carácter finalista, es un sistema “reactivo”. Está configurado para “esperar” a que lleguen a sus puertas las personas con dependencia o sus familiares, cuando en realidad, tendría mayor sentido, darle la vuelta a un enfoque más preventivo, y así, disminuir el número de potenciales personas dependientes. Este nuevo enfoque redundaría en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, en la de sus familiares y sin duda, en un sistema mucho más rentable si pensamos en términos económicos.

Actualmente, hay una falta de aprovechamiento del Sistema como herramienta de generación de empleo y riqueza y se sigue abusando de las prestaciones económicas frente a los servicios, lo cual inhibe la creación de puestos de trabajo.

Pero económicamente lo primero que hay que solucionar es la falta de financiación de este Sistema a nivel estatal: el Estado nunca ha cumplido la financiación que por ley tiene que inyectar a las Comunidades Autónomas. Este incumplimiento las obliga a aportar el 80% de la financiación cuando debería ser un 50%. Además de encontrarnos con sistemas de atención completamente desequilibrados: en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos una persona dependiente recibe más o menores apoyos.

¿Son las personas mayores y en situación de dependencia una prioridad cuando la financiación de sus cuidados sociosanitarios está al albur de los vaivenes económicos? Desde el año 2012 los recortes, las reformas y las desigualdades entre Comunidades Autónomas, en sus coberturas y modelos de gestión, hacen inviable el espíritu de la Ley y por lo tanto la atención social de las personas mayores.

No podemos tener a personas en lista de espera para la valoración de la dependencia, ni para recibir el servicio o la atención que necesite o haya elegido en función de sus circunstancias personales. Esto es algo que no puede seguir sucediendo, que las personas fallecen sin la valoración o la atención requerida.

Parece que el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 va a realizar una inyección presupuestaria, que mejorará la situación, pero que sigue quedando lejos de lo que marca la Ley y sobre todo, que no va a acompañada de cambios estructurales.

Tenemos pues un importante reto como país para poder decir que apostamos por un envejecimiento digno. El 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad, decretado por Naciones Unidas hace ahora 30 años, es una buena oportunidad para hablar de ello: la inversión española en cuidados de larga duración se encuentra por debajo del entorno europeo y carecemos de una planificación a largo plazo del Sistema, conforme a las proyecciones demográficas y el incremento de la población dependiente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 abogan, en su objetivo 3 por la Salud y el Bienestar de las personas de todas las edades. Es por lo tanto urgente poner en marcha la transversalidad de la atención a cada persona mayor en nuestro entorno, su atención de forma integrada y planificada, con especial atención a aquellas que carecen de redes familiares de apoyo. Y es que la soledad es otro reto al que enfrentarnos, que repercute la salud y que requiere de un plan de acción específico.

Contamos en España con grandes profesionales en la atención a las personas mayores. “Grandes” en el sentido de grandeza humana y eso hemos podido comprobarlo en los peores meses de la pandemia. Personas comprometidas, que se volcaron profesional y personalmente (que se vuelcan a diario), que lo dieron todo y que sufrieron el terrible dolor de perder a muchas personas a las que cuidaban y por supuesto, querían, apreciaban y respetaban. Poco se ha hablado de estos profesionales de las residencias, desde los asistentes sociales, psicólogos, auxiliares, enfermeras, geriatras, cocineros, personal de limpieza, directoras y directores, a todos y a todas, mi reconocimiento.

Sin olvidarnos de las familias: más del 80% de las personas mayores dependientes sólo reciben ayuda del apoyo informal. La familia, por tanto, constituye actualmente el principal agente proveedor de cuidados de larga duración. Cuidadores (mujeres, en su mayoría) que en ocasiones carecen de apoyos, de formación y de cuidados, porque el Sistema no acompaña en el cuidado del cuidador.

Las Comunidades Autónomas, deben aprovechar todo ese talento y esa grandeza humana, así como el tejido asociativo familiar y de entidades del sector, para acometer de manera conjunta las reformas que el mismo necesita.

La pandemia mundial del COVID-19 ha señalado de manera directa que debemos cambiar la atención a las personas mayores, pero no sólo de las  dependientes. No podemos mirar para otro lado, no podemos permitir que vuelvan a ser los más vulnerables de nuestra sociedad. Tenemos la experiencia de países europeos que han apostado por fórmulas de envejecimiento donde ellos son los protagonistas de sus vidas. Avancemos. No acometer esta urgencia nos deja en muy mala situación como sociedad desde el punto de vista ético y moral.

De forma paralela debemos afrontar la soledad de las personas mayores: más de dos millones de personas mayores de 65 viven solas en España, según datos del INE, el 72,3% mujeres. Un reto más a sumar a este cambio en el modelo de atención urgente y necesario.