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Ser, estar y servir: una abogacía comprometida

La crisis Covid, con sus impactos brutales a todas las escalas y sus cambios de paradigmas, ha situado a las naciones y sus sociedades ante un escenario inédito en el que, en tres meses, han tenido que responder con los recursos a su alcance, con más incógnitas que certezas y al abrigo de un Estado de Derecho que en el mundo -como alertaba Naciones Unidas a principios de este mismo año- se está “erosionando”, convocando a las democracias a los mayores esfuerzos para su protección.

Es una llamada global, ante una amenaza global y una incertidumbre global, ensanchada por la pandemia, que nos medirá ante los grandes desafíos colectivos de nuestro tiempo, llámense desigualdades, sostenibilidad, tecnologías, educación, inclusión o derechos humanos.

La justicia es una pieza estratégica en este proceso, máxime cuando la crisis ha extendido sus tentáculos más allá del ámbito estrictamente sanitario, alcanzando de lleno y con virulencia extrema territorios altamente sensibles como el económico o el social, donde el Derecho juega un papel insustituible como vertebrador de sistemas, de relaciones, de confianzas y de convivencia, la clave de bóveda que sostiene a las sociedades libres y a las democracias plenas.

De nuevo, ante una crisis sin precedentes y sin finales nítidos en el horizonte, la justicia vuelve a ser la conditio sine qua non será imposible pensar, no ya en salidas rápidas y más o menos solventes de esta coyuntura, sino sobre todo responsables, ecuánimes e inteligentes. Sin duda, el mejor reconstituyente para un Estado social y democrático de derecho y todo lo que se refugia a su amparo. Así lo entiende la Abogacía Española, cuyas instituciones, desde los Colegios a los Consejos de la Abogacía, han venido desempeñando un papel activo, sensato y tan leal como exigente en todo este tiempo de crisis, alineada con el llamamiento a la responsabilidad colectiva invocada por todo el sector profesional español, en el sentido de actuar desde sus instituciones “con solidaridad, conciencia, cooperación y prudencia” y de alejarnos de todo “desgaste improductivo” que nada aporta, alivia ni construye. Y nuestra justicia necesita ahora, quizá más que nunca, apoyo, reformas y voluntad para edificar desde el consenso las mejores respuestas.

Así lo ha entendido la Abogacía Española desde el principio de esta crisis, y así, fiel a lo que representa y al legado de siglos de historia acompañando a la sociedad, se ha venido mostrando en todo este tiempo voluble y complejo. Tocaba ser Abogacía en su más pura esencia y lo hemos sido. Tocaba estar a la altura y lo hemos estado. Y tocaba servir a la sociedad en un momento difícil para ella y para la profesión, lo que hemos hecho centrifugando esfuerzos y sumando compromisos.

Aquí no cabía la cuestión hamletiana de si ser o no, teníamos que SER esa Abogacía que siempre se ofrece y eleva su mirada ante los problemas, la que quiere y defiende el Estado de Derecho, la que exige esa defensa, quien la conoce y ejerce, la Abogacía que cualifica la justicia porque es también justicia, porque forma parte de ella y porque, sin nuestra profesión, las fronteras de lo justo se diluyen y los ecosistemas jurídicos se deshidratan en derechos y libertades. Por eso nuestra labor ha seguido siendo esencial desde que se decretó el estado de alarma. Por eso fuimos los primeros en reclamar cuanto antes una recuperación paulatina de la actividad judicial, como al principio lo fuimos también a la hora de exigir la suspensión de actos y plazos procesales en todo el territorio nacional. Por eso la justicia gratuita ni ha hibernado ni se ha confinado, prestándose por unos profesionales extraordinarios en un ejercicio emocionante de pasión y compromiso. Y por eso, conscientes también del nuevo ciclo al que nos dirigía esta crisis, hemos sido la mejor versión de la Abogacía transformadora: la que planteó intensificar el uso de medios tecnológicos como piedra angular de las medidas de urgencia para paliar el efecto Covid en la justicia; la que hace apenas un año se preparó con un nuevo Portal de Servicios de la Abogacía, cuyo acceso a sus servicios durante la crisis ha aumentado un 150%, como además lo ha hecho en un 220% el número de nuevos usuarios; o la que, también hace un año, puso en marcha la Biblioteca Digital de la Abogacía, alcanzado hoy los 7.500 usuarios registrados con acceso -ilimitado durante la pandemia- a más de 15.000 documentos disponibles.

Como decía, tocaba ESTAR a la altura y la Abogacía no ha faltado a la cita. Hemos estado apoyando, defendiendo y amparando a los profesionales del Turno de Oficio, bien exigiendo la asistencia telemática al detenido y a las víctimas de violencia de género, bien reclamando las máximas garantías sanitarias en su labor, o incluso facilitándoles material profiláctico en un contexto crítico en cuanto a disponibilidad y suministro, mientras en paralelo conseguíamos la normalización del calendario de pagos del Turno, un servicio público que requiere -y así lo demandamos- de mayores recursos.

También exigimos estar donde se toman decisiones que atañen a la justicia y a la profesión, y allí estamos, llevando la voz de la Abogacía a la Comisión de Coordinación de la Justicia del Ministerio de Justicia, a las Comisiones de Seguimiento de los TSJ, en la elaboración del Plan de actuación de agilización de la justicia tras el estado de alarma o al grupo de trabajo del CGPJ para colaborar en el diseño e implantación de un plan de choque para la justicia post estado de alarma. Lo importante es que estamos en esos foros para proponer y demandar medidas procesales y sustantivas beneficiosas para la justicia y para nuestra profesión, con una presencia activa, propositiva, constructiva y exigente, defendiendo siempre el interés del ejercicio, de nuestros profesionales, del servicio público de la justicia y de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Esta implicación es la que permitió que el RD-Ley 16/2020 incorporase muchas de las propuestas que habíamos planteado, como la forma de efectuar el cómputo de los plazos procesales y la ampliación del plazo para recurrir, la redistribución de asuntos y cargas entre juzgados para evitar colapsos, o la fijación de un orden de preferencia en la tramitación de determinados expedientes y procedimientos, como en los relativos a Derecho de Familia, al social o al concursal, en tanto que ámbitos especialmente afectados en un contexto de especial gravedad como el que vivimos. O que el CGPJ, al igual que la fiscalía, en línea con nuestros argumentos, finalmente recomendase limitar las vistas en agosto y comunicar los señalamientos antes del 15 de junio, así como, en relación con las vacaciones de jueces y magistrados este año, instar a que se utilice como criterio, en primer lugar, la concentración en el mes de agosto del periodo de disfrute de sus vacaciones, para poder intensificar en los meses de julio y septiembre la celebración de juicios y comparecencias. O las medidas adicionales que hemos sugerido implementar para aliviar la sobrecarga de asuntos generados por la crisis, desde el fomento de la mediación o el arbitraje, a facilitar la segunda oportunidad, la redefinición de figuras como la cláusula rebus o resolver la problemática detectada, en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, con motivo de las diferencias generadas entre el salario mínimo y el IPREM.

Y, desde luego, teníamos que estar con la profesión, acompañándola y asistiéndola. Por ello hemos desarrollado diversas acciones informativas y divulgativas específicamente centradas en el Covid, desde una web monográfica a un Manual para abogados y abogadas o una Guía de protección ante el Covid-19 para facilitar una vuelta segura a los juzgados. Por ello hemos multiplicado esfuerzos para ofrecer online más información, servicios y formación (p.ej. Conferencias Especial Covid). Y por ello, sensibles a la especial naturaleza de nuestra profesión y a las dificultades a las que se enfrentan muchísimos compañeros y compañeras, hemos exigido medidas de apoyo a nuestro sector y a nuestros profesionales autónomos. Algunas se han acordado (p.ej. flexibilización del acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos, exoneración de pagos a la Seguridad Social para empresas que se acojan a ERTEs, moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias o de las cotizaciones para los autónomos, etc.). Otras, como la equiparación de autónomos RETA a mutualistas en las ayudas al pago de cuotas o de apoyo a su actividad, se vienen implantado en algunas CCAA (Madrid, Andalucía, Navarra, Castilla y León, Cantabria o Extremadura), aunque reclamamos su extensión a toda España para asegurar un trato igualitario y justo. Y allí donde consideramos que ha habido normas discriminatorias en el trato, allí las recurrimos, como ha hecho el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) presentando una demanda contra el Decreto del Consell de ayudas a los autónomos durante el estado de alarma, por no incluir a los abogados/as mutualistas.

Proteger al sector de actividades jurídicas, que representa el 1% del PIB español, debería ser una absoluta prioridad, máxime cuando en la cumbre empresarial celebrada recientemente se reclamaba para nuestro país estabilidad y seguridad jurídica, cuando el INE ya ha confirmado un desplome del 5,2% de la economía española en el primer trimestre de este año, o cuando la recesión a finales de 2020 en España podría estar entre 8% pronosticado por el FMI y el 15,1% en el peor de los escenarios proyectados por el Banco de España.

En este contexto crítico, una Abogacía Española plenamente operativa, organizada, dinámica, digitalizada y rindiendo al máximo se ha volcado para SERVIR y trabajar en múltiples iniciativas de mejora de nuestra justicia y de nuestras prestaciones. Desde la firma de un convenio con el Ministerio de Política Territorial para que los abogados/as puedan tramitar documentación de extranjería por vía telemática, a nuestra reciente incorporación al CTAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), a la firma de un Manifiesto por una recuperación económica sostenible, al impulso del IV Simposio Tribunales y Mediación organizado por GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación España), al apoyo a la abogacía amenazada desde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, a la reagenda del examen de acceso a la Abogacía que quedó suspendido por la declaración del estado de alarma y que finalmente se celebrará online el 4 de julio, a la liberación que reclamábamos de internos de todos los CIEs o a la presentación de un plan de choque para agilizar la política de extranjería, a velar siempre por las mejores prácticas deontológicas y la ética profesional, a impulsar nuestro Registro de Impagados Judiciales -el primer y único fichero de solvencia negativa basado en resoluciones judiciales firmes- que en su primer año de vida ya ha gestionado 9,8 mill.€ de deuda, o a formar parte de la Comisión ministerial que dará forma de anteproyecto a una histórica reivindicación de nuestra profesión, la Ley de Derecho de Defensa, que podría situar a España a la vanguardia mundial en materia de protección de derechos de los ciudadanos ante la justicia.

Y todo ello sin dejar de mirar nunca a Europa, el proceso colectivo más estimulante y audaz de la historia contemporánea de nuestro continente, estrechando lazos de colaboración con las Abogacías europeas y siguiendo y difundiendo las decisiones de las instituciones comunitarias adoptadas durante la crisis Covid, además de trabajar con ellas en sus iniciativas, como en la consulta que la Comisión Europea está realizado para conocer la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros. Europa, además de la ONU, también tiene interés en este asunto.

En todo caso, superar el estado de alarma no significa, ni mucho menos, superar una crisis que deja tras de sí efectos devastadores, ni eliminar las terribles consecuencias que ha sufrido una justicia que ya venía muy castigada por déficits históricos. El primero de ellos, no contar aún con un Pacto de Estado para su reforma integral, estable y duradera que, inexplicablemente, sigue pendiente desde la Transición.

Mientras llega, esas consecuencias que sí han venido con la pandemia necesitarán con urgencia remedios adicionales, empezando lógicamente por un incremento exponencial de recursos económicos que den cobertura a las múltiples necesidades que se le acumulan a nuestra justicia. Como se requerirá también de un nuevo marco legislativo que estimule, refuerce y amplíe el uso de las tecnologías en la justicia y en los procesos donde sea posible, garantizando siempre la integridad de principios esenciales para el derecho de defensa como la oralidad, la inmediación, la contradicción o la publicidad. Como se precisarán, desde luego, numerosas medidas organizativas, sin olvidar entre ellas las que refuercen la especialización y la justicia de proximidad (los partidos judiciales juegan un papel vertebrador de primer orden en la España que envejece y se vacía) o las que inyectarán más eficacia en la gestión de señalamientos y plazos procesales, con el fin de evitar faltas de puntualidad, retrasos difícilmente justificables, excesivas suspensiones, agendas infernales o señalamientos imposibles de cumplir. Y como se hará indispensable impulsar, además, otras medidas complementarias y procesales, bien para corregir la exasperante lentitud e ineficacia en la ejecución de sentencias en todos los órdenes jurisdiccionales, bien para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral -que en nuestra profesión está muy castigada- mediante las reformas puntuales de la LOPJ, de la LECrim y de la LEC que hemos planteado, bien para redefinir el régimen actual de las costas procesales para que no sea un obstáculo para el acceso a la justicia, o bien medidas concretas en prácticamente todos los órdenes y ámbitos jurisdiccionales: en el civil, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el Derecho de Familia, en los métodos de resolución extrajudicial de conflictos, en cuanto a las víctimas de accidentes de circulación y al sistema de valoración de daños y perjuicio, en el penal, en el contencioso-administrativo o en el social.

Frente a este panorama, si la justicia no está en la agenda de prioridades públicas para salvar esta crisis sin precedentes, será imposible salir de ella. Cuanto más pensemos en nuestra justicia, cuanto más la apoyemos, cuanto más y mejor la dotemos y organicemos, antes y con más fuerza remontaremos. Como defendemos desde la Abogacía Española, nada debería alejarnos de este objetivo.

 

Sobre el autor

Dra. Victoria Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la Abogacía